Violencia política contra Sonia Gutiérrez y Sandra Morán llegará a la CIDH
Escrito por Ana Alfaro
Dos casos emblemáticos de violencia política contra mujeres en Guatemala —el de la diputada indígena Sonia Gutiérrez y el de la exdiputada y activista Sandra Morán— serán presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta audiencia será una oportunidad para visibilizar y denunciar la violencia política contras las mujeres que existe en el país.
Por Ana Alfaro
A las mujeres no solo las acecha la violencia en las calles y en sus hogares, también en los espacios políticos donde se enfrentan a la discriminación, racismo, exclusión y violencia digital. En ese contexto, Guatemala presentará los casos de la diputada maya Poqomam, Sonia Gutiérrez Raguay y de la exdiputada y activista lesbiana Sandra Morán, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el próximo 9 de marzo en el 195 período de sesiones.
“El ejercicio político en nuestro país no es solo limitado, sino que también hay violencia contra las mujeres y de una manera más radical para las mujeres indígenas”, señaló el Consorcio de organizaciones de mujeres y mujeres indígenas por la Paridad en Guatemala.
Un ejemplo de estas violencias son las cifras de la poca representación en el Congreso de la República de Guatemala, donde de 160 diputaciones, únicamente 32 son ocupadas por mujeres y de ellas, una es mujer indígena, la diputada Gutiérrez, originaria de Palín, Escuintla.
El escenario se repite en el poder local. Al revisar las 340 corporaciones municipales también existe desigualdad: únicamente 12 son dirigidas por mujeres y de ellas una es indígena.
Diputada Sonia Gutiérrez en la presentación de la iniciativa de ley para erradicar la violencia política contra las mujeres Foto: Facebook Sonia Gutiérrez
Los casos de violencia política
El caso de la diputada Poqomam Sonia Gutiérrez es uno de los más avanzados en documentación. La legisladora fue electa por primera vez en 2020 y reelecta en 2024 por el Movimiento Político WINAQ.
Según Mirna Ramírez, del Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente, el hecho de ser mujer, indígena y haber ocupado un cargo en la Junta Directiva del Congreso la ha expuesto a la discriminación y racismo que existe en el Congreso cuando una mujer indígena toma una curul.
Sandra Morán es la primera diputada abiertamente lesbiana en Guatemala Foto: Congreso de Guatemala
En el caso de Sandra Morán, el proceso documenta agresiones de carácter lesbofóbico y discriminatorio. Morán fue la primera diputada en declararse abiertamente lesbiana en Guatemala y presidió el denominado “Foro de Diputados”, un espacio que no había sido ocupado por una mujer y menos por una lesbiana. Ser una lesbiana visible en el curul, fue motivo para ser atacada y sufrir la desacreditación de su trabajo político.
Más casos públicos de violencia política
El próximo lunes 9 de marzo durante la audiencia “Impacto de la Violencia Política en contra de las Mujeres en la Región” se expondrán los casos de Gutiérrez y Morán. Estos no son los únicos que han sucedido en el país, otro caso de violencia política pública ha sido el de la viceministra de Protección social, del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Bertha Zapeta, quien denunció al diputado Sergio Enríquez de la posible comisión de los delitos de discriminación y racismo por negarle el derecho a expresarse en su idioma materno.
“Hemos rechazado y condenado la violencia contra distintas funcionarias públicas. Esta violencia es histórica, a raíz de los convenios de derechos humanos, de mujeres y de pueblos indígenas,hay más elementos para que se garantice por parte del Estado”, dijo Rosalina Tuyuc, excongresista, líder Kaqchikel y cofundadora de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA). Además, agregó que a pesar de que hay más casos, el Ministerio Público no se da a la tarea de investigar, a pesar que existen denuncias públicas.
Falta de legislación para la protección de las mujeres en la política
En enero de este año, la la Comisión de la Mujer, presidida por la diputada Gutiérrez, presentó la Iniciativa de Ley 6668 “Protección Integral sobre Violencia Política Contra las Mujeres”, la cual tiene como objetivo prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia de este tipo para garantizar la participación de este sector de la población en los puestos de elección y enfocados en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Una entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), en el informe Mecanismo de Acelaración de la Participación Política de las Mujeres en América Latina y el Caribe de 2020, resaltó que el problema de la violencia contra las mujeres en política es grave, y que constituye una violación a los derechos humanos.
“Es un tema que no ha sido atendido por los diferentes gobierno ni magistrados que han estado en el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, el principal responsable para ser el cambio para la paridad es el Congreso, subrayó Ramírez, del Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente.
Organizaciones de mujeres denunciarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dos casos de violencia política contra mujeres. Foto: Ana Alfaro
Esmeralda Alfaro de la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia, indicó que la violencia política contra las mujeres es una expresión estructural del patriarcado en el poder, el país es uno de los que no cuenta con leyes que promuevan la paridad y la participación de las mujeres y mujeres indígenas, a pesar de las fuertes prácticas de exclusión, racismo y discriminación.
Las representantes de las distintas organizaciones de mujeres coinciden en que las iniciativas de ley que buscan velar por los derechos de las mujeres se mantienen cuesta arriba en el Congreso. Sin embargo, visibilizar estas denuncias ante la CIDH representa un paso para priorizar esta problemática, sobre todo de cara a las elecciones generales de 2027.
Participaron de esta nota
Ana Alfaro
166 artículos